MANIFIESTO A LA NACIÓN

Es imperativo defender el patrimonio nacional. No permitamos un engaño más: México no tiene una crisis eléctrica. No conoce los racionamientos y cortes de suministro de otros países. Mienten quienes afirman que es necesario privatizar la CFE para garantizar el abasto energético y "salvar de la quiebra" al sector. No hay tal. Los costos de suministro están por debajo del promedio mundial y la cobertura, del 95% es una de las más altas de los países desarrollados. Son falsas las cuentas apocalípticas del gobierno foxista: tenemos a la cuarta empresa eléctrico del mundo y a una de las mas competitivas a nivel internacional. Con ella el abasto esta garantizado más allá del 2009.

Estaría mejor si el gobierno no hubiera operado el Sistema Eléctrico Nacional en los últimos años con fines ajenos al mejoramiento al servicio. Como preámbulo a la pretendida privatización, la CFE y LFC han sido objeto de un proceso oficial de debilitamiento, vía restricciones presupuéstales, el sobreendeudamiento, los controles excesivos, la eliminación de materia de trabajo, el uso abusivo de la contratación externa y la manipulación de la contabilidad, como se ha anunciado ya ante la Auditoria Superior de la Federación.

Esas empresas están operando con todo y la ofensiva real y mediática para desprestigiarla. No hay razón técnica para entregarlas al capital privado nacional y extranjero.

El gobierno plantea una reforma constitucional para, en primer lugar legitimar jurídicamente la penetración de las empresas extranjeras en la generación y venta de electricidad mediante la anticonstitucional figura de producción independiente; introducida en la ley en 1992. En segundo lugar, transferir al sector privado el segmento más lucrativo del mercado eléctrico nacional: los grandes usuarios. La reforma de Fox es un traje a la medida, no de México sino de las transnacionales que quieren quedarse con el sector y la renta eléctrica.

Como Goebbels, los voceros gubernamentales repiten mil veces la mentira para venderla como verdad. Afirman que CFE y LFC no se privatizan. Pero dicen que se privatiza el mercado, el servicio y las ganancias. Prometen que bajaran tarifas, cuando en realidad tendrán que aumentar por el incremento de costos, al atender a los segmentos más onerosos de abastecer. Afirman que se requieren inversiones multimillonarias en el sector, cuando los legisladores y los especialistas ya demostraron las deficiencias tramposas en la planeación.

Lo más grave: aseveran que el gasto en electricidad compite con el gasto en educación, salud y combate a la pobreza, lo cual dolorosamente falso, pues la CFE cubre sus costos operativos y financieros, enfrentan sus compromisos de deuda y realiza importantes inversiones en infraestructura con recursos que provienen exclusivamente del cobro de los recibos de luz. Además de que contribuye a las finanzas de la nación con un importante superávit primario.

Aseguran que la reforma convendría a la CFE. Nada más falso, pues además de quitarle a sus mejores clientes seguiría sometida a severas restricciones presupuestarías y a un régimen fiscal depredador. Además la apertura disparará los costos, porque la experiencia internacional demuestra que la electricidad no se vende al costo marginal, sino al que determina el poder de mercado de los generadores. Tampoco la privatización garantizará el abasto, pues los participantes no están obligados al invertir.

La administración pública atiende a los valores del servicio y al altruismo, la privada al frio cálculo del lucro. El estado debe de conservar la exclusividad de todas y cada una de las actividades que integran al servicio eléctrico, como marca la Constitución. No es necesario privatizar y menos desnacionalizar. Otorgar autonomía técnica, administrativa y financiera a CFE y LFC es la solución.

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