Ante la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la unidad nacional, de la gobernabilidad con participación de la sociedad civil y al desarrollo económico con estabilidad y distribución del ingreso, la UNT y varias organizaciones campesinas y de la sociedad civil, nos hemos dado a la tarea de consensuar las bases de un Acuerdo Nacional que involucre a los partidos políticos, a sus candidatos a la Presidencia de la República, a los gobernadores de los Estados, a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, a los gobiernos locales y a los tres poderes del Estado para que pacten con la sociedad civil una serie de compromisos que den certidumbre y transparencia al proceso electoral y a las contiendas previas, de manera que sea factible aplicar un programa emergente de reactivación económica y promover un nuevo pacto social que se traduzca en mejores condiciones para gobernar en los próximos años.

Se trata de concebir la mejor forma de gobernar en una circunstancia de gobierno dividido, de saber qué es necesario realizar en lo económico y qué tanto se tiene que avanzar en lo político, acordando de antemano los cambios indispensables para establecer, de común acuerdo con la sociedad, las acciones que hagan posible la transformación del País. De este modo se podrán encontrar los puntos de acuerdo que beneficien a todos y que muestren con claridad la voluntad política de las fuerzas partidistas, del gobierno federal y de los gobiernos estatales, en su compromiso con la sociedad.

De entrada, es necesario garantizar la transparencia y limpieza de las elecciones con la consecuente aceptación general de los resultados de las mismas y el cumplimiento de los compromisos contraídos con la sociedad como norma ética y democrática. La segunda norma fundamental significará el cumplimiento cabal de la ley, así como el fin del uso faccioso de la procuración de justicia. Estos elementos se traducirán en paz social, estabilidad y concordia durante y después de las elecciones.

Para construir las nuevas formas de ejercer el gobierno, debemos privilegiar una visión de sustentabilidad global y de largo plazo, teniendo como prioridad la disminución de la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Para ello, es necesario lograr el desarrollo con empleo y salarios dignos, así como la mejoría en la educación, en la salud, en la seguridad social, en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico y en la creación de infraestructura moderna.

Otros objetivos implicarán el fortalecimiento de la banca de fomento, la industria aeronáutica y el sector energético nacional. Resulta urgente por otra parte, hacer realidad la soberanía y la autosuficiencia alimentarías, terminar con el sistema de control corporativo y replantear la estrategia de internacionalización del país y de la globalización de la economía por medio de un proyecto propio que considere la interdependencia y aliente el desarrollo soberano.

El primer paso para concretar estos propósitos consiste en establecer los acuerdos que den lugar al surgimiento de un gobierno compartido con un programa común, sustentado en la democracia participativa como fórmula para gobernar.

En este contexto, lo fundamental, además del programa de gobierno, será el gobernar con la participación de la sociedad. Es de la mayor importancia, para el avance del País, el que la agenda nacional no esté determinada por la lucha electoral ni por el conflicto de poder que ésta contiene, sino que se nutra de otros temas que impulsen el inicio de la transición a la democracia e incidan en el desarrollo y competitividad de la economía nacional, incentivando la creación de acuerdos, a diversos niveles, por medio de los cuales el próximo gobierno podrá aplicar, bajo condiciones de estabilidad, la estrategia pactada con los actores sociales.

Está claro que, en este momento, la movilización de la mayoría de los mexicanos no está determinada por la oferta y convocatoria partidaria o gubernamental. La solución de la crisis que vive el país implica romper con las inercias, contradicciones y debilidades derivadas de factores como el autoritarismo, el corporativismo y el modelo económico vigente, rebasando a los intereses que se oponen al cambio, para dar paso a un proyecto renovado de Nación que, de manera imaginativa y eficaz, promueva el desarrollo, la democracia, la libertad, la justicia, la equidad, la sustentabilidad y la soberanía. Proyecto que será encauzado por fuerzas sociales y populares corresponsables del proceso de transformación que sentará las bases de un nuevo régimen y de formas diferentes de gobierno.

Este no es un acuerdo convocado por el gobierno ni por los partidos, quienes lo promovemos somos la expresión de una sociedad que demanda congruencia y compromisos claros de los posibles responsables de nuestro futuro político y económico.