Como consecuencia de las elecciones del 2 de julio del año 2000, los mexicanos conseguimos una histórica alternancia en el poder sin crisis políticas y sin rupturas. Estas elecciones fueron un proceso irreprochable en el que todos los partidos y actores políticos aceptaron con responsabilidad el veredicto ciudadano, sin revanchismos ni conspiraciones. Este logro histórico es atribuible al conjunto de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de los ciudadanos en general. La alternancia pacífica y civilizada en la Presidencia de la República y en otros niveles de gobierno, de ninguna manera puede considerarse o utilizarse como patrimonio de partido político alguno, ni de ninguna organización, grupo o individuo en particular. Esta alternancia fue un verdadero logro cívico, social y colectivo que mostró la madurez, la responsabilidad y, más que todo, la enorme vocación para el cambio democrático que existe en nuestro país. Después de esas elecciones, nadie puede dudar que los mexicanos aspiramos a una transformación profunda, definitiva y democrática del Estado, del sistema, de las estructuras e instituciones de las que hasta ahora hemos sido parte y que nos rigen. Nadie puede dudar que aspiramos a que esta transformación sea pacífica, ordenada, verdadera. Hoy contamos con nuevos gobernantes en todos los niveles del gobierno, ha habido integración plural de equipos de trabajo, el Congreso presenta una situación también inédita de contrapesos y equilibrios, los partidos políticos se aprestan a realizar transformaciones internas que mejoren su representatividad y la competencia electoral, surgen nuevas organizaciones sociales y las ya existentes revisan su situación y perspectivas de cara a nuevas realidades. Es posible afirmar que México tuvo una alternancia exitosa y ejemplar. Sin embargo, la alternancia sin transición es un riesgo de consecuencias impredecibles en el mediano y largo plazos.

A casi un año de las elecciones de la alternancia, a varios meses de la instalación del nuevo gobierno federal y de los reacomodos que esto trajo consigo, y a tan sólo semanas de que el Presidente Fox presentara lo que hasta ahora ha sido su propuesta central de gobierno: la nueva hacienda pública, resulta evidente que la etapa de la alternancia propiamente dicha ha concluido, y que es necesario continuar con el proceso de cambio histórico que demandamos los mexicanos, y del cual las elecciones del 2 de julio y el periodo de alternancia fueron un momento fundamental.

Las opiniones encontradas y los desacuerdos que ha generado la propuesta del Presidente Fox en torno de la nueva hacienda pública son, en efecto, la mejor expresión de que la primera etapa del cambio expresado el 2 de julio se ha agotado, y que es absolutamente indispensable avanzar hacia otra etapa, mucho más compleja: la de la transición a la democracia propiamente dicha.

No obstante que hasta ahora el gobierno ha expresado una cierta flexibilidad en relación con la propuesta de nueva hacienda pública, la realidad es que pareciera estar recurriendo a los mismos mecanismos y esquemas del pasado para imponer su propuesta. Se ha construido una justificación oficial sobre la reforma fiscal, intimidatoria, engañosa y pesimista, que no cuenta con la confianza y la aceptación de la población, se hacen cuentas alegres que no checan con la economía familiar. Una vez más, entra en crisis la vieja relación entre gobernantes y gobernados, la confianza se debilita, el diálogo y los consensos sociales se desdeñan, e irresponsablemente se pone en riesgo el avance de la transición a la democracia, que es patrimonio de todos los mexicanos y no de grupos o de personas.

Es indiscutible que la reforma fiscal no es ni el único ni el más importante problema del país. Es, quizá, hasta ahora, la prioridad del gobierno, lo que no significa que lo sea para la Nación ni para la mayoría de la gente. Es cierto que el gobierno necesita más recursos, pero no menos cierto es que las personas necesitan expectativas y certidumbre, que el país necesita grandes cambios políticos y sociales tanto o más que cambios económicos de no probada eficacia. Las contradicciones generadas por la propuesta de reforma fiscal muestran la necesidad de cambios estructurales y de verdad sustantivos no sólo en la relación entre gobernantes y gobernados, sino en las formas de jerarquizar la agenda de los Temas Nacionales, de atender y de diseñar e instrumentar las políticas públicas.

La reforma social y democrática del Estado y, finalmente, la construcción de un nuevo proyecto de Nación, se presentan como las grandes prioridades y como los ejes articuladores de las alianzas, de los acuerdos y del diálogo social para la transición a la democracia. Se ha equivocado la importancia de los problemas y sus planteamientos. Lo fundamental es el debate, los CONSENSOS y el diseño de una nueva hacienda pública redistributiva, y su inserción en un debate más amplio, el de la Reforma del Estado y el proyecto de Nación. La urgencia es lograr ahora, con el éxito y la madurez con los que se alcanzó la alternancia, una transición a la democracia incluyente y pactada. Esta es la verdadera exigencia y la mayor necesidad de los mexicanos de hoy y de las próximas generaciones.

Consideramos que nos encontramos frente a una oportunidad histórica e irrepetible para iniciar un verdadero cambio de régimen. No podemos dejar pasar esta oportunidad por intransigencia, temor o negligencia histórica. Todo proceso de transición conlleva acciones, una de ellas es la de movilizar a la sociedad en torno de nuevas alianzas y coaliciones, para el surgimiento de una sociedad más demandante, más cohesionada y más autónoma, pero también más responsable, más participativa y más creativa. Esta es nuestra determinación y la demanda de nuestros representados. Sabemos que es la aspiración y la demanda de muchos mexicanos más.

11 de mayo de 2001

1. Gestión ante el ejecutivo y legislativo para evitar todo efecto negativo a los trabajadores como consecuencia de la reforma Hacendaria.
2. Reactivar la política de alianzas en particular con fuerzas sociales para convocar de manera conjunta a una gran movilización nacional por la transición democrática y el cambio estructural del País.
3. Realizar un Foro de Alianza Social para la Transición Democrática y el Cambio Estructural.
4. Preparar una suspensión temporal de labores en todo el país para respaldar las propuestas de la UNT.
5. Convocar a acciones internacionales de apoyo a las movilizaciones de la UNT.
6. Discusión y difusión de las propuestas.
7. Publicación de un Manifiesto a la Nación de UNT y fuerzas políticas y sociales que compartan la propuesta.
8. Presentación a la UNT por parte de especialistas de las implicaciones de la Reforma Hacendaría propuesta por el ejecutivo.
9. Reunión extraordinaria de la UNT para analizar la coyuntura y la viabilidad de la Transición Democrática y el Cambio Estructural.