UNION NACIONAL DE TRABAJADORES

En defensa de los Contratos Colectivos de Trabajo y los legítimos derechos de los trabajadores

 

La reciente escalada en contra de las organizaciones sociales y sindicales, no puede verse como un conjunto de hechos aislados sino como la materialización de una política diseñada en los más altos círculos empresariales y gubernamentales, cuyo objetivo principal es, sin duda alguna, quebrantar la capacidad de respuesta de las organizaciones sociales y sindicales de los trabajadores del campo y la ciudad; así como la estrategia de resistencia, protesta, movilización y propuesta de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) frente a la actual política gubernamental que lesiona la soberanía de la nación, cancela derechos sociales, elimina la responsabilidad social del gobierno y mantiene el estancamiento de la economía. Un breve recuento de los acontecimientos más recientes servirá para acreditar plenamente lo anterior.

 

Hoy es indiscutible que el gobierno federal ejecuta una estrategia antisindical y carga sobre las espaldas de los trabajadores el mayor peso de los costos de la crisis. Así lo confirman los recientes conflictos por él generados como son: ISSSTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), Sobrecargos al Servicio de Mexicana de Aviación y Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMySRM). Cierto es que no se puede esperar otras cosa de la derecha y del actual gobierno.

 

La compañía Mexicana de Aviación se adquirió por un grupo de empresarios a precio de ganga y sin haber mediado claridad en la transacción. Ahora resulta que la empresa no es rentable y para darle viabilidad a la empresa los nuevos dueños han optado por interponer una demanda de naturaleza económica, para que las y los trabajadores sobrecargos paguen su rescate aceptando una reducción en los costos del Contrato Colectivo de Trabajo.

 

Si esta actitud es criticable empero, todavía es más cuestionable que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han respondido en forma incondicional y de total apoyo a los nuevos dueños, negándose a ejercer la función mediadora para lo que fueron designados. Con la emisión del laudo, mediante el cual se pretende mutilar el Contrato Colectivo de Trabajo de los sobrecargos de aviación, el gobierno federal muestra su verdadero rostro, al condenar a nuestros compañeros a aceptar una drástica reducción de sus salarios y prestaciones, además de la prolongación de la jornada de trabajo y de la imposición de condiciones laborales, que potencialmente podrían poner en riesgo la seguridad de los trabajadores  y de los propios usuarios de la aerolínea.

 

El gobierno federal apuesta por la continuidad de la política económica neoliberal vigente y está subordinado a los poderes de facto que, por la vía de los hechos, determinan el rumbo de la vida política y social de nuestro país. Esta política busca orientar el mercado aéreo hacia lo que se conoce como aerolíneas de bajo costo y continuar indiscriminadamente con la apertura al libre mercado del espacio aéreo mexicano para beneplácito de las aerolíneas extranjeras.

 

En el caso del conflicto minero la situación es similar. El “Grupo Minera México”, con el apoyo del gobierno, pretende ser predominante en ese sector. Y utiliza una estrategia para debilitar y dividir al sindicato minero con el apoyo de una virulenta campaña de medios, demandas judiciales que se han presentado contra integrantes del sindicato minero y las declaraciones de inexistencia de las huelgas legalmente estalladas.

 

Se entiende, entonces, la resistencia de los compañeros mineros que se ha expresado con una amplia movilización nacional por la defensa de la autonomía y la independencia de su organización del gobierno y respecto de las diferentes empresas mineras y siderúrgicas en las cuales prestan sus servicios. 

 

Es inaudito que se mantenga la impunidad del “Grupo Minera México” frente a los lamentables acontecimientos de Pasta de Conchos, Coahuila, Lázaro Cárdenas, Michoacán y, recientemente, el asesinato de un trabajador minero en Nacozari, Sonora y la irresponsabilidad de la empresa en materia de seguridad laboral.

 

En lo que respecta a la reforma y modificaciones a la Ley del ISSSTE, éstas constituyen otro botón de muestra de la gestión gubernamental unilateral pro-empresarial en detrimento de los intereses de los trabajadores. Cada vez es más evidente que lo que menos interesa al gobierno es el rescate y fortalecimiento de estas instituciones. Para la política gubernamental, la salud de los mexicanos más que un derecho es una oportunidad de negocio para los empresarios mexicanos y sus aliados internacionales.

 

Estos hechos ilustran con claridad el verdadero sentido de la estrategia del gobierno federal. Sumisión, protección y apoyo ante los  intereses de sus aliados; simulación de diálogo, condena y ataques para quienes se opongan.

 

Por todo lo anterior, la UNT ha resuelto impulsar una “Jornada Nacional en defensa de los Contratos Colectivos de Trabajo y los legítimos derechos de los trabajadores”. No estamos dispuestos a  permitir que siga avanzando la escalada de agresiones en contra de los trabajadores del campo y la ciudad.

 

La gravedad de los acontecimientos recientes exige a todas las organizaciones sociales la más amplia unidad de acción para detener la ofensiva gubernamental. No se trata, como aseguran algunos de los incondicionales del actual gobierno de defender privilegios sino de optar entre un país en el que quepamos todos y en el que se promueva el desarrollo con justicia y equidad, resistiendo la tendencia actual en la que la exclusión social y económica de las mayorías sirve de marco al enriquecimiento de unos pocos.

 

Este 31 de agosto la UNT se movilizará en todo el país enarbolando las siguientes demandas:

 

  1. Respeto a las organizaciones sociales y a sus Contratos Colectivos de Trabajo. Apoyo total a los sobrecargos de aviación y a los mineros.
  2. Abrogación de la ley del ISSSTE, por el fortalecimiento del sistema de salud y seguridad social mexicano.
  3. Impulso a la constitución de un Nuevo Pacto Social propuesto en la “Declaración del Zócalo” y solución de las seis demandas inmediatas de la misma.
  4. No al IVA en alimentos, medicinas y libros, por una verdadera reforma hacendaria redistributiva,  progresiva y multianual.
  5. Por la soberanía alimentaria y  por una política agropecuaria y  pesquera de Estado.
  6. Por la soberanía de la Nación en los ámbitos energético y de telecomunicaciones.  

 

México, D.F. a  16 de agosto de 2007-08-16

 

Responsable : Eduardo Torres Arroyo