La política económica cuyo dogma central en el terreno de la economía es dejar que el mercado se regule a sí mismo, se ha mostrado incapaz de resolver los graves problemas nacionales del campo y la industria, ya que atenta contra la soberanía alimentaria y beneficia a las corporaciones multinacionales. El estancamiento de la economía tiene como balance la expansión de la desigualdad, la generalización y masificación de la miseria y la pobreza, con la consecuente pérdida de casi toda una generación de jóvenes orillados a aceptar empleos crecientemente precarizados e informales o bien, a optar por la emigración.

El abandono crónico de los campesinos en beneficio del sector agroindustrial se ha reflejado en un estancamiento de la superficie cultivada y en un bajo rendimiento de las cosechas de los pequeños y medianos productores; lo que, sumado a la inminente apertura comercial en el rubro agropecuario, coloca al país ante una situación de dependencia creciente frente a las importaciones de granos básicos.

De no corregirse esta tendencia por medio de un Programa Emergente y Permanente de Apoyo a la Producción de Granos Básicos, se recrudecería la dependencia de nuestra economía respecto de las otras economías comprometiéndose severamente la capacidad del país para decidir acerca de la calidad de vida y el tipo de alimentación de la población mexicana.

El desabasto de maíz y el encarecimiento resultante de la tortilla, base de la alimentación de nuestra población, pone al descubierto la fragilidad y vulnerabilidad de la economía nacional, pues ante cualquier situación imprevista la estructura de nuestra economía entra en crisis.

Las causas de la actual crisis distan mucho de ser solamente coyunturales. Por ejemplo cuando se canalizan inversiones cuantiosas para utilizar el maíz y otros granos como fuente de energía alternativa; factores tales como el acaparamiento, la especulación, la existencia de los monopolios del sector y la absurda autorización de exportación de maíz a Sudáfrica contribuyeron a precipitar la crisis; por tanto, se pone de manifiesto que la raíz del problema es estructural.

El quebranto de la actual estrategia gubernamental se refleja además en uno de los pocos ámbitos en que había mostrado alguna eficacia: el control de la inflación. De esta manera, el incremento de la tortilla agrava y prolonga la crisis alimentaria, ya que tiene como repercusiones sociales adicionales, la anulación del reciente aumento a los salarios mínimos y contractuales, así como la agudización de la incapacidad de la economía para dar empleo productivo y formal a la población económicamente activa.

Además, de la mayoría de la población, en particular las organizaciones campesinas y sindicales hemos enfrentado a estas políticas neoliberales, desde que el Estado prácticamente renunció a la rectoría de la economía y nos ha hecho creer que la pobreza y la marginación se pueden resolver con el "libre mercado" y con políticas asistencialistas que dejan el problema intacto o lo acrecientan.

Ante ello, en la UNT y la CONORP sostenemos que ha llegado el momento de cambiar la orientación de la economía, fortaleciendo y reactivando el mercado interno. Es en este contexto, que los incrementos de salario no sólo no serian inflacionarios sino que se convertirían en uno de los instrumentos importantes de la reactivación económica. Por tanto exigimos la aplicación de un programa para la generación de los empleos que el país requiere y para la mejora de los ingresos de los trabajadores, cuyo primer paso seria la aplicación de un aumento salarial de emergente.

Una vez más afirmamos que lo que se está manifestando hoy, es la inviabilidad y la quiebra del modelo económico neoliberal que han adoptado nuestros gobiernos. Por lo anterior, manifestamos nuestro repudio a todas las políticas neoliberales del gobierno federal actual, pues representan el continuismo.

• Frenar la escalada de precios de los productos y servicios básicos.
• Abrir las negociaciones para revisar y modificar los términos del capítulo agropecuario del TLCAN.
• Diseñar una política de Estado destinada a la sustentabilidad agropecuaria y alimentaria.
• Crear una reserva nacional estratégica alimentaria.
• Aprobar y aplicar una Ley de Planeación y Soberanía Alimentaria.
• Instalar una mesa de negociación con las instancias de gobierno para instrumentar un Programa Emergente para la Producción Nacional de Granos y Alimentos Estratégicos para la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
• Establecer un programa nacional de recuperación salarial, capaz de restituir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, mediante un aumento general emergente de los salarios.

• Crear un programa de fomento del empleo digno y remunerado.
• Desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
• Exigimos al Presidente de la República mandate a las instancias correspondientes del gobierno federal, a que instalen una Mesa de Diálogo para dar respuesta a estas demandas.