1. En los Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 73 y 123 de nuestra Constitución así como en los artículos 85, 90, 94, 386, 391, 404, 412, 450, 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo, se establecen las bases jurídicas de los procedimientos anteriores y se señalan las atribuciones que, para cada caso, corresponden a los funcionarios del Poder Ejecutivo y/o Legislativo. Para mayor abundamiento sugerimos la consulta del documento anexo a la presente declaración, cuya autoría corresponde al Abogado Laboralista Héctor Barba García.
2. Por demás es preciso recordar que una de las responsabilidades sociales del Estado, estipuladas en la Constitución, es garantizar un nivel digno para la ciudadanía, en el ámbito de la legislación laboral, dado que es su responsabilidad el tutelar los derechos de los trabajadores, garantizando el derecho al trabajo y los derechos del trabajo, como un medio para lograr una mejor calidad de vida.
3. El Gobierno mexicano es, por otra parte, signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948 y se ha comprometido a velar porque todas las personas reciban por su trabajo, una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna tanto a ellos como a sus familias, así como la protección social contra el desempleo, estipulada en los artículos 123 y 124 de dicha Declaración Universal.
4. En 1981, nuestro país ratificó la observancia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, referidos en los artículos 6, 7, 8 y 9, en los cuales se obliga a velar porque los trabajadores reciban una remuneración equitativa que les proporcione condiciones dignas de existencia y lograr la plena realización de todos sus derechos ciudadanos, en particular la seguridad social.
5. En síntesis, no es la falta de atribuciones legales o de normatividad jurídica lo que impide la aceptación de nuestra propuesta de incremento salarial de emergencia, tampoco es la falta de sustento económico ya que el impacto de la reciente escalada de precios sobre los precios de los artículos que integran la llamada canasta básica y en consecuencia sobre la economía de la mayoría de los mexicanos es inocultable, especialmente si tomamos en cuenta que el 80 por ciento de nuestra población gana menos de cinco salarios mínimos; que quienes perciben el salario mínimo están por debajo de la línea de pobreza y que el salario promedio nacional se ubica entre dos y tres salarios mínimos.
6. Los incrementos a los precios de la tortilla, la gasolina y otros bienes y servicios nulificaron en los hechos los aumentos de los salarios mínimos y los que se pactaron en el marco de las primeras revisiones contractuales y salariales del año, con lo que se agudizó la caída del poder adquisitivo que han experimentado los ingresos de los trabajadores en los últimos 20 años.
7. En este contexto las recientes declaraciones del gobernador del Banco de México y del Centro de Estudios del Sector Privado que sostienen que "un incremento salarial de emergencia generaría inflación", son falaces. Los aumentos de salarios no necesariamente son inflacionarios ya que su efecto sobre la economía nacional depende de las condiciones económicas existentes, así como del tipo de la política económica aplicada.
8. Con estas declaraciones el Gobernador Guillermo Ortiz y los empresarios que lo respaldan, pretenden trasladar nuevamente las alzas en sus costos de producción a los consumidores, negándose a asumir su propia responsabilidad en la crisis. El resultado es el deterioro de los salarios y el recrudecimiento de la desigualdad social lo que puede acreditarse con claridad si se revisan las estadísticas relativas a la participación del trabajo y el capital en la distribución del producto interno bruto.
9. Al final de cuentas el verdadero debate se refiere a la estrategia económica que debemos impulsar para recuperar el crecimiento económico sostenido y sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. Las políticas económicas hasta hoy vigentes han dejado constancia de su inoperancia para cumplir con estos propósitos además de profundizar la dependencia del país respecto del sector exportador y la renta petrolera.
10. Sostenemos que un cambio de rumbo es impostergable, que hace falta promover políticas de gobierno para impulsar el desarrollo agrícola e industrial y reanimar, de esta manera, al alicaído mercado interno al tiempo que se fortalece la soberanía alimentaria.
11. Consideramos que, en el marco de esta nueva política económica los aumentos de salarios funcionarían como una palanca en la reactivación de la economía por medio del incremento del consumo, del uso más adecuado de la capacidad instalada de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas y de la generación de más empleos.
12. Lo anterior es congruente con nuestra propuesta de un Programa Permanente para promover el fomento industrial, la generación de empleos y la mejora de los salarios. Programa que puede complementarse con otras medidas como el diseño de esquemas que articulen la productividad y el salario o el establecimiento de mecanismos que alienten la profesionalización y capacitación de los trabajadores. En suma lo que pretendemos es pactar un modelo que haga factible la revaloración del trabajo y de los trabajadores.
13. De la misma manera en que para efecto de la discusión del salario emergente es ineludible hacer referencia a las políticas públicas en materia de economía, para abordar el problema del campo es indispensable poner en el primer plano a la soberanía alimentaria. La reciente crisis originada por el desabasto del maíz dista mucho de ser solo un problema coyuntural que pueda resolverse solamente con medidas de corto plazo.
14. Además de los problemas vinculados con las prácticas monopólicas y el acaparamiento, la reciente crisis demuestra la urgencia de que el Estado recupere la responsabilidad social que le confieren los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y promueva estrategias para la producción de granos básicos y de otros alimentos. Está en juego la capacidad del país para decidir acerca de la calidad y tipo de alimentación de sus habitantes.
15. Ratificamos nuestras propuestas en esta materia particularmente las que hacen referencia a la renegociación del Capítulo Agropecuario del TLC y a la necesaria actualización del Acuerdo Nacional para el Campo. No ignoramos que puede existir alguna resistencia por parte de nuestros socios comerciales al respecto pero, finalmente el problema de fondo es la actitud que debe asumir el gobierno mexicano. En otras palabras el gobierno puede optar por ajustarse a los principios contenidos en nuestra Carta Magna en la perspectiva de transformarse en un activo promotor del desarrollo agropecuario ó simplemente someterse acríticamente ante las presiones de nuestros vecinos y socios comerciales.
16. Por lo que la soberanía alimentaria, la necesidad de un salario de emergencia y el control de precios a 34 productos de la Canasta Básica, son propuestas plenamente fundamentadas no solo en la legislación nacional sino también en los compromisos internacionales que el gobierno mexicano ha adquirido en materia de derechos humanos. En particular podemos destacar el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como los numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
17. El Estado Mexicano, en congruencia con lo establecido en la Constitución, ha firmado y ratificado numerosos tratados, convenciones y pactos internacionales de derechos humanos, muchos de ellos vinculantes jurídicamente. El derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta fundamental para el respeto y la garantía de los derechos humanos de toda persona, teniendo como finalidad proteger la dignidad humana y condenar los actos y omisiones por parte de un Estado que violente esos derechos.
18. Por lo tanto, el Estado y el Gobierno mexicano deben garantizar, proteger y promover el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos integrales de todos los hombres y mujeres sin discriminación, constituye uno de las principales obligaciones y responsabilidades sociales del Estado.
19. Respecto de las Mesas de Trabajo propuestas por el Lic. Javier Lozano, a pesar de las diferencias que se hacen constar en la presente Declaración, consideramos que nuestra participación dentro de las mismas puede ser un primer paso en la construcción de un Diálogo democrático que siente las bases para construir un nuevo pacto entre la sociedad y el gobierno, especialmente si las recomendaciones que de ellas emanen se integran tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en las políticas públicas que implementen las diferentes dependencias del gobierno federal. La estructura inicial de las Mesas de Trabajo constara en principio de una Mesa Central de Decisión de la que se desprenderán, posteriormente, otras Mesas o mecanismos de carácter temático.
20. Con el propósito de orientar las labores de las Mesas de Trabajo, anexamos a la presente los documentos que hemos denominado "Declaración del Zócalo" y la "Agenda de los Trabajadores" en las que se incluyen nuestras principales propuestas para la transformación democrática de nuestro país.

ORGANIZACIONES FIRMANTES