La alternancia electoral en la Presidencia de la República ha sido producto de un proceso prolongado de luchas, esfuerzos y sacrificios de muchos mexicanos y mexicanas. Sin embargo, si la alternancia no es seguida por un cambio con rumbo definido hacia la democracia participativa y el desarrollo con justicia y equidad, será una tarea incompleta, con graves riesgos e impredecibles consecuencias.

La alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, el nuevo equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso, un Poder Judicial con mayor independencia y profesionalismo, una opinión pública participativa y medios de comunicación más comprometidos socialmente, se constituyen como fundamentos favorables para continuar la transformación profunda del poder público, de sus instituciones y de su ejercicio.

La vida democrática plena demanda la construcción de un Estado de derecho, con instituciones que lo garanticen, para superar el presidencialismo autoritario del pasado y reemplazarlo por un régimen moderno, en el que el gobierno se someta a las leyes y se consolide un Congreso con mayor representatividad y capacidad en el cumplimiento de mandatos democráticos.

La Reforma Social y Democrática del Estado y la construcción de un nuevo Proyecto de Nación, se presentan como las grandes prioridades y los ejes de las alianzas, los acuerdos y el diálogo social para la transición a la democracia. Desde esta perspectiva, es necesario cuestionar la jerarquía y la importancia que el gobierno ha dado a los problemas nacionales y a los caminos y medios para resolverlos.

Con la alternancia México abrió las puertas a la construcción de un sistema de vida regido por los principios y valores de la democracia, conforme a los cuales enfrente los retos y problemas propios de su desarrollo como nación libre y soberana, con libertad, justicia, seguridad y dignidad para toda mujer y hombre en su territorio.

Por consiguiente, la prioridad consiste en lograr, con el éxito y la madurez con los que se alcanzó la alternancia, un Acuerdo para la Transición Democrática y el Desarrollo Nacional con Justicia y Equidad. Esta es la verdadera exigencia y la mayor necesidad para la sociedad de hoy y la del mañana.

Nos encontramos frente a una oportunidad histórica e irrepetible para iniciar un verdadero cambio de régimen. No podemos dejar pasar esta oportunidad por intransigencia, temor o falta de visión histórica.

Con el paso del tiempo, la omisión del nuevo gobierno para impulsar un acuerdo para la transición, se ha revelado como un grave problema político. En la experiencia reciente, que incluye entre otras acciones la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta de

la Nueva Hacienda Pública Redistributiva o los Derechos de los Pueblos Indios, ha sido patente la falta de consenso que estas importantes cuestiones requieren. La causa de fondo radica en los puentes aún por construir, entre las instituciones gubernamentales existentes, típicamente presidencialistas, y la nueva y compleja realidad social del país.

En estas circunstancias cabe observar un peligro: de no lograrse el consenso necesario sobre el método, la estructura, las estrategias y prioridades para llevar a cabo de manera adecuada y coherente los cambios que se requieren y que demanda la sociedad, podrán emerger nuevamente las acciones autoritarias, ante un país polarizado políticamente.

El nuevo régimen debe incorporar una enriquecida, plural y eficaz participación de la sociedad organizada en los procesos de toma de decisiones públicas. Por ello, la división y equilibrio de poderes debe fortalecerse con la participación y consenso de la sociedad, que permita nuevos contrapesos al poder.

Las condiciones están dadas para la creación de nuevas instituciones de participación de la sociedad, tanto en los acuerdos de orden general para la Reforma del Estado y la formulación de las políticas públicas, como en los mecanismos de contrapeso y escrutinio sobre el gobierno y la administración pública, así como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato, las candidaturas ciudadanas independientes, y otras.

Por tanto, es de la mayor importancia para las fuerzas políticas y sociales, aprovechar las condiciones creadas por la alternancia para trabajar en la reconstrucción de los consensos nacionales, hasta llegar a un Acuerdo para la transición democrática, no sólo política, sino también económica y social, capaz de impulsar la renovación del Pacto Social que une a la nación mexicana.

El avance en la democracia representativa hace posible ahora avanzar en la democracia sustantiva. Es tiempo de que la agenda sobre las prioridades nacionales y las políticas públicas, se construya con la sociedad y no sobre ella.

La Nación enfrenta una realidad llena de retos: dos décadas de crisis y de crecimiento mediocre; estancamiento del producto por habitante; aumento de la pobreza; subsistencia de grupos sociales marginados y excluidos; incremento de la deuda externa y explosión de la deuda interna; una banca rescatada a costa del pago de los mexicanos y ahora en manos de extranjeros; poca capacidad para generar empleos dignos (la mayor parte de los empleos se producen en condiciones precarias); expansión de la economía informal; una vida rural en pleno desastre, una migración permanente de la población a los Estados Unidos y una crisis fiscal de carácter estructural que limita el papel del Estado para impulsar el crecimiento. En este sentido destaca el saqueo del que fue objeto el sector energético, y en general el sector paraestatal, por el régimen anterior, y el estrangulamiento fiscal al que sigue todavía sometido PEMEX. Este es el país que queremos cambiar.

Se requiere renovar democráticamente el Pacto Social que une a la nación para lograr un desarrollo con justicia y equidad. México necesita definir un proyecto nacional con una economía orientada hacia ese desarrollo y defender este derecho ante la comunidad internacional, como elemento inalienable del pueblo mexicano. En particular hace falta encontrar alternativas al proceso de globalización, que frenen la polarización y la desigualdad sociales, generen actividades productivas creadoras de riqueza que eleven el nivel de vida de toda la población, así como políticas comerciales que defiendan los intereses de la gente.

El desarrollo deberá ser capaz de incluir a los sectores hasta ahora marginados, mediante un cambio en el modelo económico que reactive el dinamismo del mercado interno, integre la planta productiva nacional, genere un mayor número de empleos dignos, eleve los salarios, aumente la competitividad de las empresas y fortalezca la soberanía nacional.

En las condiciones actuales, la transición democrática, plural e incluyente, pasa por hacer todo lo necesario para reconocer plenamente los acuerdos sobre los derechos y cultura de los pueblos indígenas y por ubicar, en el contexto del acuerdo nacional para la transición, el debate y los compromisos sobre la reforma fiscal progresiva; la reforma del sistema financiero y la creación de un sistema de ahorro social con protección a los trabajadores; las jubilaciones y pensiones, la reforma laboral y productiva, el aumento del salario y el empleo; de la construcción de vivienda digna y para todos; la recuperación productiva del campo y de la vida rural en su conjunto; la soberanía alimentaria y la seguridad nutricional; el desarrollo del sector energético; la reforma del Estado; la reforma educativa; la salud y la seguridad sociales; la perspectiva de género en las políticas públicas y otros temas, donde los actores y las decisiones no sólo permanezcan en el poder legislativo y ejecutivo, sino que también incluyan a los sectores sociales involucrados.

México necesita construir las bases de la participación social para definir la agenda nacional de lo importante y lo urgente; para resolver, con verdaderas políticas de Estado –que articulen lo social con lo gubernamental para el trabajo a largo plazo--, los graves problemas nacionales.

Por ello, aparte de construir una visión social de la transición a la democracia y del proyecto nacional de desarrollo, resulta fundamental construir los mecanismos sociales y políticos de participación e interlocución, que permitan ocupar plenamente ese espacio como territorio de libertad, sumando la capacidad de iniciativa, propuesta y acción de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y civiles, a los espacios institucionales de poder y trabajo de los partidos políticos.

El método para hacer realidad estos acuerdos reclama la cooperación de los sectores productivos, sociales, cívicos, académicos y profesionales.

Con estas consideraciones, las organizaciones y personas que en principio hemos coincidido en la necesidad de unir nuestros esfuerzos en una Alianza para fortalecer la participación de la sociedad civil en el cambio democrático de México, nos permitimos emitir la siguiente:

1. Inauguración; lista de asistentes y aprobación del reglamento de debates.

2. Constitución del Foro como instancia propia de diálogo y cooperación de la sociedad civil.

3. La Agenda de la Sociedad Civil en la Transición Democrática.

1. Inauguración; lista de asistentes y aprobación del reglamento de debates.

2. Carta Social para la Transición a la Democracia en México;

3. Mecanismos y modalidades de interlocución con los poderes públicos y de participación en acuerdos políticos y sociales, así como en la formulación e instrumentación de Políticas Públicas y de Estado.

La Carta Social de la Transición a la Democracia aspira a contener los consensos logrados por la sociedad mexicana organizada, no gubernamental y apartidista, acerca de las vías, formas y métodos para construir la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural del pueblo, y que derivan de los principios y valores históricos que prevalecen vivos en la conciencia social de los mexicanos: soberanía, libertad, igualdad, justicia, democracia, bienestar, sustentabilidad, y otros.

La Carta se concibe como un documento programático que culmina la construcción de un enfoque común, por consenso, plural e incluyente, sobre el desarrollo social de México y que será enriquecido con el señalamiento de objetivos, estrategias, líneas de acción, mecanismos e instrumentos de participación, respecto de probables soluciones que se puedan proponer en torno de problemas fundamentales del proceso de construcción de la democracia. La Carta será dirigida al pueblo y entregada al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los Gobernadores, Congresos y Tribunales Estatales, Presidente Municipales y Ayuntamientos de la República Mexicana.

1. Podrán participar todas las personas y organizaciones comprometidas con la transformación democrática de México;
2. La inscripción para participar en las sesiones del Foro permanecerá abierta hasta tres horas después de su inicio;
3. Las organizaciones y personas que se integren a las comisiones de trabajo presentarán, en la Primera sesión del día 19 de julio, un Anteproyecto de Carta Social para que sea analizado y discutido en forma y tiempo, y asegurar, mediante ponencias por escrito entregadas previamente, un debate de altura, en la Segunda sesión del Foro.
4. Para participar como ponente en la segunda sesión, se requerirá registrar el texto por escrito ante la comisión organizadora, hasta el día 18 de agosto a las 20 horas. Este requisito será irrevocable, con el objeto de garantizar la organización y el buen funcionamiento del Foro.
5. El reglamento de debates, dada la naturaleza distinta del contenido de las dos sesiones, será aprobado en la inauguración de cada una de las mismas.
6. Las cuestiones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas en el primer punto del orden del día de las dos sesiones del Foro.

México D.F., a 2 de julio del año 2001

Consejo de la Sociedad Civil; Antropos XXI; Diversa; Vertebra; FZLN;

Sindicato Mexicano de Electricistas; Unión Nacional de Trabajadores;

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos;

Movimiento Social de los Trabajadores; Causa Ciudadana;

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Universidad Autónoma de Zacatecas; Universidad de Hidalgo;

Centro de Estudios Estratégicos Nacionales;