Quisiera expresar las razones que tuvimos en la Comisión Episcopal de Pastoral Social para hacer el comunicado que ustedes tienen en las manos y que lleva el título "Por una convivencia política", de esta manera cinco obispos de la Comisión mencionada titulamos un documento que hace una semana dimos a conocer por distintos medios sobre el ambiente político que priva en el país y por la significación que los acontecimientos de los últimos tiempos tienen para nuestro proceso de transición a la democracia.

Desde luego agradezco la invitación a participar en esta mesa y me gustaría compartir con todas y con todos ustedes las razones que nos llevaron el pasado 21 de abril a la Comisión de Pastoral Social a pronunciarnos. Lo hicimos desde el reconocimiento de que la situación en el país es tan apremiante en lo político que consideramos necesario ofrecer una palabra que, por encima de las disputas pre-electorales iluminara con la luz del evangelio y de los principios éticos que de él brotan la coyuntura presente.

Nuestro pronunciamiento intentó situarse en el horizonte amplio de la Carta Pastoral titulada "Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos" en la que en el año 2000, después de muchas reuniones de consulta, después de muchos encuentros y de muchos diálogos con distintos sectores de la sociedad, los obispos del país ofrecimos una palabra que ayudara a identificar los desafíos para México en aquel momento muchos de los cuales siguen presentes y algunos, han revelado una mayor urgencia.

¿Por qué los obispos? El Santo Padre Juan Pablo II en uno de sus últimos comunicados, dedicado precisamente al quehacer de los obispos, nos recordaba el deber de luchar incansablemente por los derechos humanos y por la justicia. Algunas voces después de nuestro posicionamiento se levantaron para afirmar que estábamos invadiendo esferas que no nos correspondían, otras, para señalar que lo mejor era guardar silencio como expresión de prudencia ante un problema tan complejo. Los obispos de la Comisión afirmamos que nada de lo que acontece puede ser ajeno a nuestra misión, especialmente, cuando esto tiene que ver con la defensa de los intereses de las mayorías pobres.

Si bien es cierto que el ámbito de la política como otros ámbitos son el campo especial de aquellos a quienes en la Iglesia se les llama "laicos" nuestra tarea será siempre la de iluminar, ofrecer criterios de juicio, recordar principios y eventualmente, proponer líneas de acción. En el caso del enrarecimiento político por el que atraviesa el país, producto de los permanentes desencuentros de actores de los distintos partidos, quienes pierden son permanentemente los pobres.

Si la discusión sobre los problemas fundamentales que vive el país y que afectan sensiblemente a más de la mitad de los habitantes del mismo se postergan indefinidamente, entonces la política que debería estar llamada a sentar las condiciones para avanzar en el desarrollo, atenta contra los pobres. Por ellos es por quienes nos pronunciamos, por ellos a quienes quisiéramos animar en la esperanza porque, como decía Juan Pablo II, si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. Son los pobres por los que Jesús optó a lo largo de su ministerio los que nos mueven a expresarnos aún con el riesgo de ser rechazados, incomprendidos y hasta perseguidos.

Los obispos no aceptamos ser ciudadanos de segunda, no buscamos ni puestos de privilegio ni reclamamos fueros ni canonjías, siempre en el marco de los derechos humanos, defenderemos nuestro derecho a expresarnos en relación a todo aquello que dificulte la búsqueda del bien común, teniendo presente que si de una misma fe pueden brotar opciones políticas distintas y partidistas, no podemos tomar partido en la arena electoral pues nuestra tarea es signo de unidad en medio de las comunidades a las que servimos.

¿Por qué ahora? Los escenarios que los obispos vislumbramos desde hace algún tiempo se manifestaban poco halagadores; además de la pobreza y de la exclusión, del desempleo y la dificultad para recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, de la migración y la desolación en el campo, del avance del crimen organizado y la impunidad, con tristeza constatamos cómo la política se convertía aceleradamente en un circo cuyo final, de continuar la función en el mismo tono, presagiaba un caudal creciente de sufrimiento.

El desafuero del jefe de gobierno contribuyó a aumentar un clima de polarización social en México. La confrontación y la descalificación, el encono y la discordia ocuparon en los últimos meses el tiempo y la energía que podríamos haber dedicado a pensar en los grandes problemas del país a los que someramente me he referido hace un momento.

Es cierto que la prudencia es buena consejera, pero también es cierto que cuando invita al silencio sin más, puede derivar en complicidad con la injusticia. Como obispo reconozco que los obispos del país no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias; reconozco también que hay momentos de nuestra historia en que nuestra palabra podría haber contribuido a encontrar otras salidas distintas a la violencia y sin embargo esta palabra no fue expresada.

En esta ocasión decidimos hablar y esto, recurriendo a la enseñanza social de la Iglesia y recogiendo el sentir de la ciudadanía, buscando aportar, como ya lo habían hecho muchos sectores, a favor de la distensión. ¿A favor de quien? Nuestro reciente pronunciamiento quiso, en primer lugar, situarse a favor de un proceso: el de la transición a la democracia, que a lo largo de muchas décadas ha sido abonado por el compromiso de miles de mexicanos, incluso con su sangre. Ha sido también un llamado a favor de la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, no importando ni su filiación partidista ni sus convicciones religiosas.

Por eso afirmamos, que si en México no avanzamos en el respeto a los derechos humanos, tampoco avanzaremos en nuestra transición democrática.

Buscó de igual modo nuestro pronunciamiento, favorecer las posiciones que han demandado la auténtica separación de poderes. En la democracia en efecto, los equilibrios, los pesos y contrapesos son los que le permiten a la misma caminos para su autocorrección. Los obispos firmantes nos colocamos en la línea que demanda la existencia de un auténtico estado de derecho lo cual continúa siendo un desafío. Es necesario pasar de un estado con derecho, es decir con leyes, a un Estado de Derecho, es decir, en donde las Leyes aseguren el respeto a los derechos fundamentales, base para una convivencia pacífica que a su vez es fruto de la justicia.

De igual modo, nos pronunciamos a favor de las instituciones. El llamado en efecto a revisarlas y a defenderlas de su instrumentación con fines diversos al bien común no significa estar contra ellas. Nos manifestamos también a favor de la legitimidad de una elección, la del 2006, que por su trascendencia no podía verse empañada por la descalificación anticipada de un adversario, mediante un proceso jurídico que ha enfrentado muchos cuestionamientos. Al respecto, vale la pena aclarar que nuestro pronunciamiento no fue a favor de una persona, por popular que ésta sea o de un precandidato, fue a favor de los derechos de toda una sociedad a manifestarse con libertad en las urnas y a favor de las opciones políticas que mejor representen sus intereses.

Nuestro pronunciamiento ha sido a favor de la sociedad civil y nunca a favor de un partido. Los partidos y los políticos todos, los gobernantes de cualquier orden o nivel, la comunidad política en general ha de estar constituida para el servicio de la sociedad civil de la cual deriva. La tarea de los obispos ha de estar siempre a favor de la paz, de ahí que tenemos la obligación de estar siempre atentos a favorecer las condiciones para que la paz social se garantice.

Por eso, en ocasiones como la presente, con toda sencillez pero con toda firmeza, expresamos nuestra voz para alertar lo que por diversos medios constatamos como amenaza a la estabilidad social.

Finalmente, mirar hacia el futuro. En los últimos días han comenzado a circular signos que hablan de la distensión del conflicto; los saludamos con beneplácito y seguimos invitando a todos los actores y a todos los partidos a superar la confrontación y a avanzar, por medio del diálogo y de la mesura, en la generación de acuerdos que lleven adelante al país.

La transición democrática es un proceso tan valioso que no puede dejarse solo en manos de los políticos. A ellos les llamamos a pactar un acuerdo de civilidad. Los contenidos del pacto sin embargo, han de provenir de las demandas que día con día la ciudadanía expresa a través de distintos canales. La sociedad civil organizada tiene ante sí la gran oportunidad de exigir a los partidos y a los políticos que se comprometan ante sus demandas. El sordo clamor que sube de las mayorías empobrecidas de nuestro México no puede dejarnos indiferentes.

Muchas gracias.