A efecto de enfrentar la grave crisis alimentaria que vive el país, al tiempo que se sientan las bases para una reorientación de fondo de la política agrícola, comercial y alimentaria de conformidad con los derechos de los campesinos y campesinas, la soberanía alimentaria y nutricional de la población, el derecho a la alimentación de los mexicanos y la seguridad nacional. Así como para enfrentar la amenaza del año 15 del TLCAN, los impactos de la reducción de las reservas mundiales de alimentos por su utilización creciente en la elaboración de biocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea así como los efectos en la agricultura y la disponibilidad de alimentos por causa del cambio climático global, las organizaciones abajo firmantes proponemos el siguiente contenido del punto de negociación de Soberanía Alimentaria de las organizaciones signatarias de la Declaración del Zócalo.

Soberanía Alimentaria, con los siguientes cuatro puntos:

1. Entrega anticipada del Procampo con dos meses a las fechas de siembra de maíz y fríjol y prorroga de Procampo por cinco años vinculado a criterios de productividad y competitividad (Procampo-Competitivo).
2. Integración de los recursos del programa de emergencia para maíz y frijol del PEF/PEC 2007 en torno a una estrategia única: el Promaf, operada a través de las actuales reglas de operación del Promaf (con las modificaciones oportunas pertinentes) y a través de una ventanilla única: Firco.
3. Considerar un componente especial de impulso a la producción y seguridad alimentaria del programa emergente para localidades y regiones de agricultura de subsistencia de los estados del sur-sureste, incluyendo el apoyo para el establecimiento de bancos de germoplasma comunitarios de maíz. Lo anterior con los recursos del PESA, Alianza para el Campo, microrregiones, apoyo a la agricultura orgánica y/o sustentable, entre otros.
4. Integrar los diferentes recursos para garantías líquidas en la Subsecretaria de Agronegocios, Firco, Aserca y Financiera Rural en una estrategia especial de impulso al acceso al crédito de avío, refaccionario, agroindustrial y prendario para los productores de maíz y fríjol.
5. Integrar los recursos de apoyo a la adquisición de fertilizantes, los fondos de infraestructura hidroagrícola y los recursos de apoyo a energéticos a la estrategia integral del programa emergente.
6. Reestructuración y fortalecimiento de Aserca y subordinación de los programas y acciones de Aserca a la estrategia integral del programa emergente: a) reforma de Aserca –en los términos del numeral 248 del ANC-; b) determinación con anticipación de los diferentes ingresos-objetivo; c) agricultura por contrato para maíz blanco, maíz amarillo, sorgo y soya para pequeños y mediano consumidores; d) subprograma de modernización de la infraestructura de almacenamiento y manejo de cosechas; e) subprograma consolidación organizativa para la comercialización; y, f) ordenamiento regional de los mercados y conformación y administración de una reserva estratégica alimentaria.
7. Estrategia de control de costos de insumos y servicios vía compras consolidadas, coberturas de precios (en su caso) y regulación estricta hacia los proveedores.
8. Integración y movilización total de las capacidades públicas de investigación y transferencia de tecnologías en torno al programa emergente, garantizando prioritariamente la vinculación sistémica del Inifap. Incorporación de todas las instituciones vinculadas al campo.
9. Campañas amplias de promoción del consumo de productos básicos de origen nacional, de orientación nutricional y sobre la importancia histórica cultural de cultivos como el maíz.
10. Grupo especial de alto nivel, intersecretarial, con mando único, en Sagarpa, con participación de organizaciones y organismos representativos, para el diseño, decisión, operación, seguimiento y evaluación del programa emergente.

Ante el daño ocasionado por el TLCAN a la agricultura, la producción nacional, al empleo rural, a la economía popular, a la seguridad alimentaria y a la seguridad nacional y frente a el escenario cierto de la agravación del daño con la entrada en vigor del año 15 del TLCAN (liberalización total y absoluta para el maíz, frijol, azúcar y leche en polvo), proponemos la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.

1. Primacía de la CPEUM sobre los tratados internacionales comerciales (ver resolución de la SCJ del 13 de febrero de 2007 por si FCH y su gabinete creían lo contrario).
2. Primacía de los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos (incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales) por sobre los tratados comerciales y los demás.
3. Derecho de los países y provisiones en el propio TLCAN para su modificación.
4. De hecho, el TLCAN ya ha sido renegociado por los gobiernos, con la aprobación del Senado y la promulgación del Ejecutivo Federal en más de cuatro ocasiones y no se acabó el mundo (claro, a favor de los intereses de Estados Unidos y sus grandes corporaciones).
5. México y Estados Unidos son signatarios de la ronda de Uruguay del GATT y de la OMC y su ronda de negociaciones de Doha ("de desarrollo") en las que se establece el derecho de los países subdesarrollados a un trato especial y diferenciado para su agricultura y alimentación, incluyendo el establecimiento de una lista de productos especiales (tal es el caso del maíz y el frijol, para México) y el derecho a mecanismos especiales de salvaguarda para dichos productos.
6. Acuerdo Nacional para el Campo del 28 de abril de 2003 incumplido por el gobierno federal en materia de comercio internacional.
7. Convención de Viena sobre tratados internacionales: los tratados internacionales recientes en la misma materia tienen primacía sobre los anteriores.
8. Renegociación en el marco de la agenda global México-Estados Unidos: migración, seguridad, narcotráfico, empleo, medio ambiente, comercio, TLCAN, etc. No tres años después del ANC "pedirles por favor a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá un gesto de caridad y conmiseración para los miserables y pobrecitos campesinos maiceros y frijoleros de México" (con referencia a la Carta García de Alba-Mayorga del 27 de abril de 2006 dirigida a sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá).
9. Diplomacia parlamentaria-sociedad civil.

 

2. PROPUESTAS ESPECÍFICAS

1. Exclusión del maíz blanco y el frijol del TLCAN y establecimiento a partir del 1º de enero del 2008 de un mecanismo permanente de administración de las importaciones de dichos alimentos básicos y supersensibles para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la seguridad nacional.
2. Aprobación por el Congreso de la Unión de un decreto legislativo mediante el cual mandata al Presidente de la República para iniciar negociaciones formales con el gobierno de Estados Unidos para excluir el maíz blanco y el frijol del TLCAN.
3. Aprobación por el Congreso de la Unión de un decreto legislativo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 131 constitucional, mediante el cual mandata al Presidente de la República para establecer a partir del 1º de enero de 2008 un mecanismo permanente de administración de las importaciones provenientes de los países socios del TLCAN.
4. Aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por la cual se establece el derecho constitucional a la alimentación.
5. Aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta de la Cámara de Senadores mediante la cual se expide la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN).
6. Defensa del Gobierno mexicano ante las negociaciones agrícolas de la OMC de del derecho de México a un trato especial y diferenciado en la agricultura y del derecho al establecimiento de una lista de productos especiales (tales como maíz y fríjol) así como para el establecimiento de medidas especiales de salvaguarda para proteger la agricultura campesina, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
7. Participación del Gobierno mexicano como tercero interesado en las pláticas solicitadas por el Gobierno de Canadá ante la OMC contra las exportaciones dumping de maíz y arroz de los Estados Unidos.

Como resultado del TLCAN y de las políticas de privilegios, corrupción, entreguismo y abandono de la responsabilidad constitucional de los gobiernos federales, la monopolización domina el sistema agroalimentario provocando daños a los productores, consumidores, contribuyentes, a la soberanía y seguridad alimentaria, a la soberanía nacional y la seguridad nacional. Por tanto, proponemos las siguientes medidas en contra de la especulación y los monopolios en el sector agroalimentario, como parte central de las acciones a favor de la soberanía alimentaria.

1. Investigación amplia sobre los oligopolios en el sector agroalimentario, no únicamente en la cadena maíz-tortilla, por parte de la Comisión Federal de Competencia y de una comisión especial bicameral del Congreso de la Unión, de conformidad con las causales del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia.
2. Otorgamiento de autonomía y facultades ampliadas a la Comisión Federal de Competencia para el combate de los monopolios.
3. Puesta en marcha de un programa estratégico de organización comercial, equipamiento y financiamiento para pequeños y medianos productores de granos básicos, a efecto de nivelar el terreno de los mercados agroalimentarios.
4. Creación en SAGARPA-ASERCA de una Reserva Estratégica Alimentaria (reservas físicas, reservas virtuales –opciones de compra en el CBOT-, reservas en administración campesina, etc.)
5. Puesta en marcha de un programa estratégico de apoyo a las iniciativas locales, regionales, estatales y nacionales de organización de los consumidores

1. Definir y formalizar la relación del campo y de las organizaciones sociales y campesinas con el Gobierno Federal, los gobiernos Estatales y el Congreso General.
2. Replantear todos aquellos numerales incumplidos y los que a interpretación del gobierno fueron compromisos de acciones inmediatas por única vez como los conflictos agrarios, entre otros, y proceder a su actualización.
3. Incorporar como conceptos rectores: la soberanía alimentaria, la planeación para el desarrollo rural y el ordenamiento del mercado en base a la producción nacional y el impulso de la agricultura por contrato en el marco de un amplio programa de sustitución de importaciones.
4. Establecer un compromiso formal del Gobierno Federal de: no realizar ajustes unilaterales al anexo presupuestal del Programa Especial Concurrente, entregar oportunamente el presupuesto con apego a los calendarios de ciclos productivos, simplificar y autorizar adecuaciones regionales de las reglas de operación con apego a la realidad prevaleciente, abrir líneas de crédito con suficiencia que faciliten el acceso de los que menos tienen a los programas gubernamentales, incluir en dichas líneas de financiamiento las aportaciones exigidas a los campesinos pobres, efectuar una reingeniería de los apoyos y subsidios que eviten la concentración del ingreso y privilegien la concurrencia de los programas, realizar las modificaciones pertinentes a la estructura gubernamental orientadas a la prestación de un mejor servicio y adquirir un compromiso formal de defensa de los derechos laborales y humanos de los migrantes en el territorio nacional y en el extranjero.

Atentamente