LA REFORMA SOCIAL Y DEMOCRATICA DEL ESTADO MEXICANO EN SU VERTIENTE LABORAL-PRODUCTIVA Y LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO HISTORICO DEL SINDICALISMO EN MEXICO

Las organizaciones y movimientos sindicales que genuinamente han asumido este compromiso de reestructuración democrática del sindicalismo mexicano han coincidido en que, necesaria e inevitablemente, realizarlo implica desmantelar al corporativismo, transformando al Estado, sus estructuras, prácticas y relaciones.

El corporativismo es la integración obligatoria de los ciudadanos al aparato de Estado por medio de corporaciones gremiales, como pueden ser las cámaras patronales, las organizaciones sindicales o campesinas, las asociaciones profesionales y otras, cuya finalidad es garantizar, por medio del principio de autoridad, el cumplimiento de los proyectos gubernamentales. En México, esta incorporación se dio a través de mecanismos tripartitas en donde los supuestos representantes de los trabajadores y de los empresarios se sumaban a las decisiones gubernamentales en aras de una pretendida unidad nacional.

Un rasgo conceptual y decisivo del corporativismo es el control que el gobierno ejerce sobre la sociedad y su organización. Baste recordar que la tesis "el gobierno es el árbitro y regulador de la vida social", punto central sobre el que se sustentó la política laboral del estado corporativo desde los años treinta, sirvió no sólo para fundar instituciones y forjar leyes en este ámbito sino, prácticamente, en todas las esferas de la vida del país y que fue una actitud constante hacia la sociedad. La aplicación de dicha tesis tuvo algunos efectos particularmente importantes sobre la economía, como la sobrepolitización del ámbito productivo y de las relaciones entre los actores productivos, en la que la regulación estatal se guió más bien por criterios de control político y de clientelismo, que por prioridades de desarrollo y de eficiencia.

El autoritarismo, el paternalismo y la corrupción son característicos del corporativismo a la mexicana, que incluye la sumisión voluntaria o impuesta a la voluntad única de un Estado conformado por distintos sectores que funcionan como correas de transmisión entre las políticas del Estado y los ciudadanos, por medio de acuerdos nacionales, pactos sociales y alianzas para el crecimiento.

Desde los años 20 y, especialmente con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se generó una grave desviación en los sindicatos, gracias al sistema de registro sindical y toma de nota de las directivas, que otorgó al Estado la facultad de decidir en la práctica qué sindicatos son reconocidos y cuáles no, independientemente de la voluntad de los trabajadores que los conforman. Otro tanto ocurrió con la calificación de las huelgas, que da a las autoridades laborales el poder de decidir la procedencia o improcedencia de un movimiento acordado por los trabajadores.

Una característica adicional del corporativismo mexicano fue la afiliación colectiva de los sindicatos y las organizaciones campesinas al partido oficial, con lo que se les sujetó al control corporativo del voto. Esta relación entre las organizaciones y el gobierno significó la obtención de prebendas para los dirigentes, entre las que destacan los puestos de elección popular, las Secretarías de Estado y la posibilidad de realizar diversos negocios al amparo del poder público.

En el plano laboral, el corporativismo adoptó, como una de sus manifestaciones, el tráfico de contratos colectivos llamados de protección, ya que los inversionistas interesados en abaratar los costos de mano de obra establecen una relación de simulación jurídica que les permite violar los ordenamientos legales y pagar salarios bajos, todo ello con la complacencia de las centrales sindicales oficialistas y de las autoridades del trabajo, que aceptan hasta el uso de golpeadores para impedir los intentos de sindicalización auténtica.

Este modelo de sindicalismo corporativo tuvo sus mayores éxitos en la época del llamado milagro económico mexicano, época en la que se tuvieron altas tasas de crecimiento y un mercado interno protegido que consumía los bienes nacionales. En la época actual, en que han caído las barreras proteccionistas y el país se ha integrado de lleno a la economía mundial, el corporativismo ha mostrado sus debilidades, pues resulta económica y socialmente ineficiente.

En resumen, podemos afirmar que el corporativismo y uno de sus soportes, los contratos de protección, constituyen en nuestro país el principal obstáculo a la modernización productiva. Solamente con organizaciones auténticas y eficientes de empresarios y trabajadores, que realicen acciones concertadas con amplio sustento programático y técnico, será factible irrumpir con éxito en el fenómeno de la globalización económica.

Para la UNT, en este sentido, la reforma social y democrática del Estado debe ser entendida puntualmente como la transformación de las estructuras, relaciones y prácticas corporativas del propio Estado en México.

Substituir al corporativismo por un proyecto democratizador, plural e incluyente parece ser la única opción de cambio verdaderamente válida para el movimiento sindical. Esto es especialmente claro en un momento en el que el gobierno y algunas fuerzas sociales y políticas parecen apostar a una renovación del corporativismo, intentando mantener el control y la intervención gubernamentales en la vida social aunque, eso sí, con nuevos interlocutores y matices.

Para las organizaciones, reestructurar democráticamente al sindicalismo implica tomar decisiones y llevar adelante procesos complejos e insoslayables, revisando y reconstruyendo las estructuras y los acuerdos que las normaron bajo el corporativismo. Deben emprender su propia transformación estructural y orgánica, a fin de construir nuevas relaciones con el gobierno, con los empresarios y con la sociedad.

Lo anterior ayuda a entender las dificultades de muchas organizaciones para trascender este proceso, y el por qué de defecciones, indecisiones y de la persistencia de la intervención gubernamental.

La lucha contra el corporativismo constituye, de hecho, una refundación del movimiento sindical mexicano sobre nuevas bases. La UNT cumple con dicho perfil, porque nace de la iniciativa de los trabajadores y por ello su poder radica en su auténtica representatividad y no en el reconocimiento que el gobierno pudiera darle.

La reforma laboral-productiva constituye la gran tarea pendiente en la agenda democratizadora del país, sobre la que no hay avances ni consensos y sobre la que, en cambio, existen propuestas unilaterales y excluyentes sumamente limitadas como, por ejemplo, la de suponer que la sola reforma de la Ley Federal del Trabajo resolverá los rezagos productivos o eliminara al corporativismo sindical, a sabiendas de que éste no es sólo sindical, sino también patronal, y que no podrá ser transformado en ausencia de una reforma profunda del papel y de las facultades gubernamentales en materia productiva y laboral.

Por lo mismo, la UNT sostiene que la reforma laboral-productiva debe realizarse en el contexto de una reforma estructural más amplia, la de la reforma social y democrática del Estado.

Es necesario avanzar y ganar en consensos, en la apertura y creación de nuevos espacios democráticos de y para la sociedad, y por ello la reforma laboral no puede plantearse como un proceso aislado ni como una concertación cupular entre el gobierno y algunas organizaciones.

Impulsar la reforma laboral-productiva concretiza el desmantelamiento del corporativismo en cuanto objetivo histórico de la UNT. Esta tarea no puede ser un planteamiento retórico, sino un conjunto de acciones y de cambios concretos, estructurales y profundos que permitan consolidar por igual la autonomía y la democracia sindicales, revalorizar al trabajo y al trabajador y desarrollar la función productiva del sindicalismo, entendida como recurso y estrategia de su fuerza social y política.

Por lo mismo, realizar la reforma laboral-productiva en el contexto de la reforma social y democrática del Estado no será para la UNT una concesión del gobierno ni debe ser el resultado de una interlocución tradicional sino el producto de la movilización consciente de sus integrantes, a nivel nacional. La UNT necesita seguir construyendo y abriendo nuevos espacios de acción democrática y, para ello, su propio desarrollo orgánico, por un lado, y su interacción novedosa y directa con los empresarios constituyen mecanismos fundamentales.

La UNT ganará en autonomía y en consensos en la medida en que, con base en el diálogo entre iguales, logre acuerdos concretos, generales, por rama y cadena productiva con los empresarios para resolver problemas productivos y laborales de empresas nacionales y multinacionales, y al mismo tiempo en que con dichos acuerdos consiga pactar condiciones para la revalorización del trabajo, la generación de empleos y la redistribución del ingreso.

La UNT ganará en democracia y participación en la medida en que demuestre ser una alternativa de representación no sólo sindical sino social, en la medida en que demuestre que la reforma laboral tiene que ser también productiva, porque esta es la fórmula para una nueva fuerza histórica del sindicalismo, para aliarse con otras organizaciones y para desarrollar una alternativa nacional frente a la globalización, frente a la crisis y frente a la reestructuración en proceso del capitalismo.

• Libertad de afiliación sindical
• Contratación colectiva
• Derecho a la representación sindical
• Libre expresión de las ideas
• Salario remunerador
• Equidad en el trato
• Derecho de huelga
• Exclusividad en la contratación
• Derecho a la jubilación
• Derecho a vivienda
• Seguridad Social
• Salud e Higiene en el trabajo
• Capacitación y Adiestramiento
• Bilateralidad en las negociaciones
• Estabilidad en el empleo:

• Salario igual para el trabajo igual
• Jornada máxima de ocho horas
• Descanso semanal obligatorio
• Respeto a las garantías sobre el trabajo de las mujeres y los menores
• Respeto a las garantías de los trabajadores en materia procesal
• Reparto de utilidades

La UNT convoca a todos los sindicatos del país a una reunión preparatoria para crear una Mesa de Concertación Sindical Nacional, de la que se derive la constitución de un frente común con propuestas propias frente a una imposición de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

México, D. F., Junio de 1998