UNION NACIONAL DE TRABAJADORES

POR UNA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACIÓN

PRODUCTIVA Y LA TRANSICION DEMOCRATICA


PROPUESTA DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES


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ANTEPROYECTO REFORMA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
(Parte I, 936Kb) y (Parte II, 722Kb)





La reforma de la legislación laboral en México: balance del aprendizaje y del disenso

Desde que el gobierno mexicano anunciara, hace más de diez años, su intención de tomar la iniciativa para una reforma a la legislación laboral que permitiera al país adaptarse a las entonces todavía incipientes nuevas realidades de la economía global, se inició un proceso, hasta ahora no resuelto, en torno del cual se han manifestado posiciones diversas, que constituyen sin duda una experiencia y una memoria histórica importantes, que no pueden soslayarse en el momento actual en el que, al parecer, el asunto de la reforma a la legislación laboral ha vuelto a ocupar un lugar prioritario en la agenda del gobierno y de los organismos empresariales mexicanos, y en el que se ha convertido también en un asunto de primer orden en la agenda de algunas organizaciones sindicales en el país.

Fue en 1989 cuando, en el marco de una Cámara de Diputados con una composición política muy diferente de la actual, se celebraron las primeras consultas que, de alguna u otra forma, dieron inicio al largo proceso de reforma inconclusa de la Ley Federal del Trabajo. A estas consultas siguieron, por señalar sólo algunos momentos relevantes a lo largo de dicho proceso, la iniciativa del PAN en el Senado de la República, así como una miscelánea posterior de propuestas laborales por parte de este mismo partido, de otros partidos como el PRD, y propuestas diversas provenientes de organizaciones sindicales, patronales e incluso de organismos financieros internacionales o de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la OECD o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Después de más de diez años de producción de propuestas, de declaraciones o de iniciativas completas sobre reformas a la Ley Federal del Trabajo y al Artículo 123 de la Constitución General de la República, que desafortunadamente no han logrado devenir en un verdadero debate, generador de diálogo y sobre todo, de consensos para la reforma, la mayor parte de las posiciones existentes al inicio del gobierno actual, podrían ser clasificadas, de alguna u otra forma, dentro de las siguientes categorías:

1) Las financieras ideológicas, que sin lugar a dudas, provienen directamente de los organismos financieros internacionales, de sus recomendaciones, de sus intereses, de sus agencias e intermediarios, de sus visiones del mundo. Algunas de estas posiciones han sido explícitas y directas, otras han sido indirectas o veladas, llegándose a manifestar incluso como mecanismos de presión política o como condicionantes del apoyo de estos organismos al gobierno o a la inversión privada. Estas posiciones financieras ideológicas se sustentan, desde luego, en una interpretación estructural rígida de la realidad económica global y en una interpretación determinista y triunfalista de los acontecimientos mundiales, regionales y nacionales. Obedecen a la visión del mundo del capital financiero internacional y de las grandes corporaciones multinacionales. Sus criterios rectores de reforma laboral, ya aplicados en mayor o en menor medida en diversos países, son la desregulación si es posible total, del mercado de trabajo, la eliminación o el adelgazamiento de las figuras de la negociación y de la contratación colectivas, la eliminación de la bilateralidad, la flexibilización máxima del trabajo: pago por hora, multicalificación o polivalencia, contratación individual, despido libre y contratación sin costo, derechos mínimos o ausencia de derechos para el trabajador, "libertad sindical" en negativo, atomización o desaparición de las organizaciones sindicales.

  1. Las pragmáticas, que reconocen la existencia de nuevas realidades en la economía mundial, pero se muestran partidarias de una reforma sólo sobre aspectos muy particulares de la ley, que favorezcan la productividad de las empresas mediante el mayor "abaratamiento" de los costos laborales, y que conserven, al mismo tiempo, las ventajas de los esquemas de control sindical y del corporativismo en el país. Estas posiciones no se muestran enteramente partidarias de las propuestas radicales liberalizadoras de los organismos financieros, sino que tratan de recuperar los aspectos de éstas que más les convienen, siempre con una perspectiva de corto plazo.

Al mismo tiempo estas propuestas, eminentemente pragmáticas, ponen de manifiesto la persistencia de concepciones oligárquicas sobre las cuestiones laborales en México. Al igual que 50 ó 60 años, los grupos más tradicionales de la clase empresarial prefieren seguir optando por la ganancia inmediata y por la acumulación voraz, y no por el desarrollo productivo y social del país con una visión de largo alcance. Es en este sentido que la revisión del marco jurídico laboral del país debiera propiciar un cambio de las concepciones, enfoques y roles de la clase empresarial, para su desarrollo como fuerzas sociales y productivas.

3) Las tradicionales, provenientes de la vieja estructura de poder de organizaciones sindicales, partidos políticos, algunas que se oponen a cualquier intento de reforma de la legislación laboral, por considerar que constituye la posibilidad o la certeza de perder derechos y conquistas logrados históricamente por los trabajadores de México. Por desgracia, estas posiciones albergan también a los principales usufructuarios del sindicalismo corporativo y, dentro de éste, a los beneficiarios de prácticas como el sindicalismo de protección.

4) Las mixtas, que concilian y recuperan planteamientos de todas las posiciones anteriores, por lo que en ocasiones, llegan a tener contradicciones, inconsistencias o vacíos.

 

 

Lo anterior pone de manifiesto que, en cierta forma, la reforma de la legislación laboral se ha convertido en una lucha táctica, en la que los partidarios de las diferentes posiciones, pero en especial de la uno y de la dos, parecen calcular el momento más oportuno para imponer sus planteamientos. La preparación del mejor momento pasa por el despliegue de ofensivas antisindicales o por el afán de intervenir, de presionar, de desacreditar o de controlar a organizaciones sindicales clave, pero pasa también por la dilación y por el factor sorpresa, como los intentos recientes por incluir de manera súbita la reforma al código procesal del trabajo en el paquete de la legislación laboral, o la realización sorpresiva y sorprendente de consultas nacionales vía Internet.

Este breve balance de lo sucedido en más de diez años de intentos fallidos de reforma de la legislación laboral en México es importante, porque permite poner de manifiesto que, en primer lugar, las dificultades para definir las reformas a las legislación laboral no se reducen sólo a una lucha de posiciones confrontadas e irreconciliables, sino que en el fondo, dichas dificultades tienen que ver con concepciones y con enfoques hasta ahora no suficientemente explícitos, sobre el papel, los beneficios, los alcances, las ventajas y las desventajas que dicha reforma puede tener una reforma estructural de la economía mexicana o en la reforma del Estado en México.

Los planteamientos y en enfoque han sido, hasta ahora, sumamente reduccionistas y formales, las posiciones se polarizan y se reducen a cuestiones como derechos y justicia contra ganancias y competitividad, como cumplir con los requisitos y los lineamientos de los organismos financieros internacionales versus cumplir con los derechos de los trabajadores, como modificar, ajustar o maquillar ciertos artículos obsoletos de la ley contra dejarlos como están; como ejecutar, en la práctica, la flexibilización y la desregulación versus dejar a la Ley como un instrumento que no favorece el desarrollo productivo y social del país.

Así también, el balance de los últimos años permite demostrar la necesidad de construir nuevos mecanismos y esquemas de diálogo y de consenso en el ámbito laboral, no sólo en el plano nacional, sino también internacionalmente. No es posible que un ámbito tan fundamental como lo es el laboral, siga determinado por lineamientos y estrategias de corte financiero y macroeconómico, y que no se reconozca el papel que la cuestión laboral puede tener como alternativa para replantear las estrategias de reestructuración económica y el concepto mismo de reestructuración económica seguido hasta ahora. En los niveles nacionales, las agendas laborales y las políticas laborales requieren ser revisadas como opción frente a las políticas y estrategias financieras, y lo mismo es preciso hacer en el plano internacional. Entidades como la Organización Internacional del Trabajo requieren de una revisión profunda y de una refuncionalización de sus actividades, objetivos y estrategias.

La necesidad de una aproximación diferente a la cuestión laboral en México en el entorno de la reestructuración económica: la convergencia entre lo productivo y lo social.

Con base en lo anterior, la Unión Nacional de Trabajadores sostiene que cualquier posible debate sobre los cambios en el Artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo tiene que superar, de ahora en adelante, las limitaciones y los equívocos de las posiciones y de los mecanismos observados por más de una década. Las razones para asumir una actitud evolutiva e innovadora de cara a los cambios en la Ley son muchas. En primer lugar, habría que señalar las crisis y por qué no decirlo, los fracasos de las estrategias y de los enfoques financieros acumulados a lo largo de la década, que no son sólo fracasos sociales, sino fracasos económicos de gran magnitud. Es importante insistir en que los enfoques financieros han fallado no sólo en lo social, sino que tampoco han traído los beneficios, las bondades y la estabilidad económicas que prometían en los años ochenta. La memoria histórica reciente obliga a que incluso dentro de los organismos financieros internacionales, se acepten ya, aunque todavía de manera modesta y colateral, algunos temas de índole social y se reconozca su importancia para alcanzar un concepto más integral y válido de reestructuración.

En este sentido, es indispensable contar con nuevas aproximaciones, con nuevos enfoques, con nuevos conceptos y también con nuevas actitudes para enfrentar las etapas siguientes de la reestructuración económica y de la configuración de un nuevo orden global. La UNT sostiene que es en este contexto que debiera de retomarse la discusión de la nueva legislación laboral en México. La definición de nuevas reglas laborales desde la Constitución, reglamentadas y desarrolladas en una Ley Federal del Trabajo congruente, constituye una oportunidad para cambiar los términos y el enfoque mismo de la reestructuración económica, para construir una aproximación que conjugue las exigencias económicas y productivas del país en el marco de la globalización, con sus exigencias sociales. En suma, para lograr una convergencia armónica y equilibrada entre lo productivo y lo social.

De la revisión histórica hecha en el párrafo anterior, resulta obvio que no es posible seguir sosteniendo posiciones financieras o pragmáticas respecto de la legislación laboral, pero tampoco posiciones tradicionales. La disyuntiva no es flexibilidad versus justicia, la alternativa es cómo la bilateralidad efectiva, la contratación colectiva real, el derecho a la asociación sindical verdadera para la concertación productiva y los pactos laborales y para garantizar la distribución del ingreso y una justicia social que de viabilidad social e histórica al país. La disyuntiva no es la productividad y la ganancia de la empresa versus los derechos de los trabajadores, la alternativa es construir fórmulas y modelos de relaciones obrero-patronales, jurídicamente expresados, en los que la elevación de la productividad se constituya también en instrumento de equidad, de mejores salarios y de más oportunidades de empleo para los trabajadores y para el desarrollo productivo del país. La alternativa es, en suma, lograr la convergencia entre los enfoques económico-productivos con los enfoques sociales para la reforma de la Ley Federal del Trabajo, y que esta convergencia se de en la dimensión de la Reforma del Estado.

 

La transformación en el mundo del trabajo y la transición a la democracia.

En este sentido, la Unión Nacional de Trabajadores reafirma su propuesta para que la reforma a la legislación laboral de lugar a la discusión de una reforma laboral y productiva, y para que dicha reforma laboral y productiva sea uno de los ejes de la Reforma Social y Democrática del Estado. Al mismo tiempo, la UNT enriquece y supera su propia posición, expresada desde su constitución en 1997, al señalar que este enfoque tiene que ser visto como una nueva concepción de la reforma económica estructural, lo que significa desterrar los enfoques eminentemente financieros y macroeconómicos, según los cuales los cambios desreguladores en la legislación laboral son sólo un aspecto de políticas de ajuste estructural y de adecuación al mercado. La reforma laboral y productiva tiene que ser vista como un proceso estructural y de largo alcance, en el que se conjuguen los procesos de reforma económica y de reforma política de manera diferente de cómo hasta ahora se han hecho. La reforma laboral y productiva tiene que ser vista como una oportunidad para corregir, de manera distinta, las asimetrías y las deficiencias de los procesos macroeconómicos desde el ámbito microeconómico y productivo.

La reforma del marco jurídico laboral en el país es además una oportunidad para profundizar en el fortalecimiento de los derechos humanos y civiles fundamentales de los trabajadores, cuya consolidación es clave para el avance de la transición a la democracia en México.

En suma, la propuesta jurídica de la UNT busca dar forma a un nuevo pacto social de las relaciones entre capital y trabajo, que impulse un desarrollo productivo del país en todos sentidos, alentando la productividad y la competitividad de las empresas como resultado de la productividad y de la competitividad del capital y del trabajo, y generando condiciones estructurales y de largo alcance para el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo político de los actores productivos, y en particular para el fortalecimiento de la transición a la democracia.

El contenido de la propuesta de reforma a la Constitución comprende contenidos esenciales en materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la institución de nuevas autoridades, de ellas unas en substitución de autoridades que han completado su ciclo histórico y constituyen desde tiempo pesado lastre para el país. Las demás, necesarias para la reestructuración moderna y democrática del modelo laboral mexicano. Así el proyecto aborda reformas en nuestra carta fundamental en los artículos 123, 116, 115, 102, 101, 97 y 74 y plantea la adición de los nuevos artículos 99 Bis, 98 Bis, 96 Bis y 95 Bis.

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, se plantean reformas, adiciones y derogación de gran número de sus disposiciones, de ellas las adecuadas para la adecuada reglamentación del las reformas a la Constitución y otras muchas en las que se diseñan mecanismos normativos para garantizar armónicamente seguridad jurídica a empresas y trabajadores.

La propuesta en lo integral acoge demandas ya añejas de los trabajadores organizados, como el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, promovido por sindicatos de la industria automotriz desde fines de la década de los ochenta’s, luego asumido por la FESEBS, imaginado por el PRD en su anteproyecto y ahora también formalizado en este proyecto. El registro constituye uno de los pilares de la construcción jurídica que se ofrece. Sería poderoso instrumento para enfrentar desde la Ley la corrupción generalizada de nuestro mundo laboral contaminado por la generalizada falsificación de la contratación colectiva –los contratos de protección- operada por empleadores obtusos y simulaciones sindicales que el sistema corporativo estatal ha hecho proliferar y continúa protegiendo.

Se plantea la substitución con jueces federales de lo laboral con jueces federales de lo laboral –propuesta contenida en el proyecto del PAN- de las juntas de conciliación y arbitraje, cuya parcialidad y generalizada corrupción ha servido de instrumento al sistema corporativo degradando la administración de la justicia laboral y propiciado la proliferación de contratos y sindicatos de protección; la unificación del sistema jurisdiccional del trabajo desde el Poder Judicial de la Federación, ya acordado por el Congreso de la Unión hace años pero archivado por la oposición de los gobiernos estatales; la substitución de la obsoleta e inoperante Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades (anteproyecto de reformas del PRD) que pueda asumir con profesionalismo el estudio, propuestas y adecuada organización y promoción de mecanismos idóneos sobre esos temas fundamentales; la elevación a rango constitucional de la contratación colectiva promoviendo la contratación colectiva por rama y cadena productiva, como instrumento complementario de la Constitución y de la Ley; fortalecimiento de la sindicalización en organizaciones nacionales; la derogación del apartado "B" del 123 constitucional para incorporar a los trabajadores ahora impedidos al goce de la libertad sindical positiva y de la contratación colectiva; la facultad a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos de intervenir en violaciones laborales a los derechos humanos; el derecho de los trabajadores para decidir sobre la contratación colectiva y sobre el sindicato que les represente en ella; el perfeccionamiento del derecho de huelga; voto libre directo y secreto en elecciones sindicales y en recuentos, estos con padrones confiables y seguridad para los votantes, entre múltiples planteamientos, todos ellos fundamentalmente para conseguir en lo fundamental:

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE

"POR LA UNION DEMOCRATICA DE LOS TRABAJADORES

México, D.F., Junio de 2002

PRESIDENCIA COLEGIADA

 

 

Francisco Hernández Juárez Dr. Fernando Rocha Larrainzar

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes

 

 

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